¿Mal cálculo o politiquería?

La Constitución elaborada por la Asamblea Constituyente y que fue ratificada en el referéndum, dispone que la educación fiscal será gratuita hasta el tercer curso; sin embargo, esa Constitución todavía no está vigente porque hay que esperar que el Tribunal Supremo Electoral proclame los resultados y se publique el texto constitucional en el registro oficial; pero los estudiantes universitarios de Quito se han movilizado para exigir que se aplique esa disposición inmediatamente, estando como están en período de matrículas; las autoridades universitarias aceptaron este planteamiento, pero a su vez exigen que el fisco transfiera el dinero que dejan de percibir las universidades, lo que se calcula en 180 millones de dólares anuales.Desde luego, la disposición de la gratuidad educativa para los planteles fiscales está vinculada al aprovechamiento de los alumnos, de tal modo que, hilando fino, nos encontraríamos ante un sistema de becas; pero la realidad es otra: las organizaciones estudiantiles no aceptan condición alguna y exigen la aplicación inmediata, aún cuando la Constitución no esté vigente.El rector de la Escuela Politécnica del Litoral ha expresado sus dudas sobre esta gratuidad, pero deja sentado, como dice nuestro Diario, que el sistema “no afectará la calidad académica de este centro de estudios”. Los otros rectores de la mayoría de las politécnicas no se han pronunciado, así como no lo han hecho los de las universidades fiscales. Pero, conforme hemos dicho, ya se producen las movilizaciones estudiantiles con la advertencia de que si es que no se aplica la disposición constitucional tal como ellos la conciben, se realizarán movilizaciones y protestas a nivel nacional. Se incluye en la gratuidad no solo el cobro de las matrículas, sino de otros aspectos como el uso de laboratorios, de Internet, e inclusive espacios deportivos, derechos de grado, hasta giras estudiantiles.Como es obvio, el Gobierno debe reponer y de inmediato las rentas suprimidas de las universidades y politécnicas; lo cual es una dura tarea para el fisco, que así aumenta en forma muy notable el déficit presupuestario que, según expertos, con la gratuidad educativa, pasará de los 5.000 millones, aunque, desde luego, el Gobierno lo niegue con cierta violencia.¿Qué criterio indujo a la mayoría de la Asamblea Constituyente a establecer esta gratuidad de la educación fiscal en todos sus niveles, a pesar de las dificultades que se crean para las universidades y escuelas politécnicas? Si se analizan las circunstancias en que se aprobó la norma, esto es un tiempo electoralista, tendríamos una explicación que a la vez estaría demostrando que no se actuó en la Constituyente con la responsabilidad debida, que se hicieron cálculos apresurados para obtener resultados inmediatos. Y así no se legisla, ni mucho menos se gobierna.Es muy lamentable lo sucedido; pero ya no cabe rectificación alguna; la ley es la ley como se repite con tanta insistencia; aunque en el actual caso, aún no está vigente, pero ya comienzan las exigencias perentorias, lo que constituye un foco de inquietud y, por lo mismo, hacen poco favor al Gobierno Nacional.

Tomado del editorial del Diario Expreso